¡Ojalá fuera una inocentada!


¡No seas inocente!

El Gobierno esconde la verdad cuando habla de la reforma de las pensiones públicas

El Gobierno dice que es inevitable aumentar la edad legal de jubilación a los 67 años (aunque lo quiera hacer con flexibilidad)


No es cierto.

España es uno de los países de Europa con una edad “real” de jubilación más alta (63 años y 10 meses) y cercana a la edad legal.

El Gobierno dice que el aumento de la esperanza de vida (habrá más pensionistas en el futuro) hace necesaria la reforma.


No es cierto.


Es verdad que habrá más pensionistas, pero también es verdad que habrá más cotizantes y con cotizaciones más altas. El problema no es demográfico, sino de voluntad política. Se pueden hacer cotizar los contratos que están en la economía sumergida, se puede evitar que las mujeres ganen un 30% menos que los hombres y, por tanto, coticen menos, se puede elevar el salario mínimo (uno de los más bajos de Europa), se puede hacer cotizar las becas (en su mayor parte son contratos laborales encubiertos) se pueden elevar las cotizaciones máximas (la base más alta son 3.198 euros/mes; a partir de ahí ya no se cotiza más).

El Gobierno dice que el gasto en pensiones es muy alto.


No es cierto.


En 2011 gastaremos en pensiones contributivas en torno al 10% del PIB. En 2040, el 14%. Hoy hay ya países como Italia que ya gastan ese 14 %. Francia gasta ya el 12%. Nuestras pensiones medias son de las más bajas de Europa y el número de pensionistas comparado con la población también es de los más reducidos. Incluso en períodos de crisis como el actual y con 4,5 millones de parados, la Seguridad Social tiene superávit y el Fondo de reserva está aumentando hasta alcanzar casi los 70.000 millones de euros.

El Gobierno dice que las medidas que se toman ahora son para consolidar el sistema y garantizar las pensiones del futuro.


No es cierto.

La realidad es que las medidas que se toman tienen por objetivo reducir las pensiones y así lo expresa el Gobierno en el compromiso contenido en el Plan de Austeridad enviado a la Comisión Europea. El aumento de la edad de jubilación significa que todos cobraríamos dos años menos de pensión, con el consiguiente ahorro (que se estima en un 6%) y el aumento de los años de cómputo para determinar el importe de la pensión, de los actuales 15 años a 20 o 25, significa que todos cobraremos pensiones más bajas (entre un 5 y un 10% menos) porque los salarios más antiguos eran más bajos.

El Gobierno dice que defiende el sistema público de pensiones.

No es cierto.


Lo ha entregado a los mercados, que tienen nombre y apellidos. Son los bancos y las compañías de seguros. Se pretende un modelo asistencial, es decir unas pensiones públicas mínimas y el resto con complementos de los seguros privados.

Todo ello parece una mala inocentada de fin de año. Pero no lo es.

Sólo la lucha y la movilización puede impedir que toquen las pensiones imponiendo su reforma dentro de un mes.

IU considera un grave precedente declarar el estado de alarma para resolver un conflicto social, aunque no comparte las reivindicaciones de los contro

José Antonio García Rubio, secretario federal de Economía y Trabajo considera que “aplicar esta medida sin precedentes en la democracia constituye una decisión muy preocupante, especialmente con la anunciada aplicación del Código Penal Militar”.

El secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha valorado en nombre de esta organización que “consideramos un grave e inaceptable precedente declarar el estado de alarma para resolver un conflicto social, aunque no se está de acuerdo con las reivindicaciones y los modos empleados por los controladores”.

García Rubio hace esta valoración de forma urgente ante la situación planteada por el abandono de su puesto de trabajo de numerosos controladores aéreos y el caos generado con ello, con graves perjuicios para los ciudadanos, y la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de declarar el estado de alarma, subrayando que aunque Izquierda Unida no ha estado nunca de acuerdo con las reivindicaciones de los controladores ni con la forma de plantearlas, en este caso el Gobierno tiene una grave responsabilidad en el origen del problema y en su gestión.

Para el dirigente federal de IU, “el Gobierno eligió un puente en el que se produce un incremento muy fuerte en el número de viajeros para aprobar una real decreto que establece una nueva regulación de la jornada anual de los controladores, que se ha aprobado sin negociación. Esta medida se tomaba junto a la de privatización de los aeropuertos de Barajas y el Prat sin, al parecer, prever todas las graves consecuencias que estas medidas conflictivas podrían tener, ello sin estar de acuerdo en las formas y la contundencia de la respuestas empleadas por los controladores”.

“Como respuesta al conflicto –añade García Rubio- el Gobierno militariza el control del espacio aéreo sin que esa medida, por las dificultades comprobadas en su aplicación, haya mejorado la situación hasta el momento, transcurridas ya más de 17 horas desde su entrada en vigor y cuando compañías como Iberia anuncian un nuevo retraso hasta el próximo lunes para reiniciar sus vuelos”.

El secretario federal de Economía indica que “la declaración del estado de alarma, medida sin precedentes en la democracia, aplicada como intento de resolver un conflicto social por la vía de una legislación de excepción constituye una decisión muy preocupante, que es inaceptable para Izquierda Unida, especialmente con la anunciada aplicación del Código Penal Militar”.

“Consideramos que la única forma de recuperar rápidamente la normalidad para evitar mayores perjuicios a los cientos de miles de ciudadanos afectados es la vuelta a la negociación y un inmediato acuerdo entre las partes, basado en el sentido de la responsabilidad y del bien colectivo”, concluye García Rubio.

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