El secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha valorado en nombre de esta organización que “consideramos un grave e inaceptable precedente declarar el estado de alarma para resolver un conflicto social, aunque no se está de acuerdo con las reivindicaciones y los modos empleados por los controladores”.

García Rubio hace esta valoración de forma urgente ante la situación planteada por el abandono de su puesto de trabajo de numerosos controladores aéreos y el caos generado con ello, con graves perjuicios para los ciudadanos, y la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de declarar el estado de alarma, subrayando que aunque Izquierda Unida no ha estado nunca de acuerdo con las reivindicaciones de los controladores ni con la forma de plantearlas, en este caso el Gobierno tiene una grave responsabilidad en el origen del problema y en su gestión.

Para el dirigente federal de IU, “el Gobierno eligió un puente en el que se produce un incremento muy fuerte en el número de viajeros para aprobar una real decreto que establece una nueva regulación de la jornada anual de los controladores, que se ha aprobado sin negociación. Esta medida se tomaba junto a la de privatización de los aeropuertos de Barajas y el Prat sin, al parecer, prever todas las graves consecuencias que estas medidas conflictivas podrían tener, ello sin estar de acuerdo en las formas y la contundencia de la respuestas empleadas por los controladores”.

“Como respuesta al conflicto –añade García Rubio- el Gobierno militariza el control del espacio aéreo sin que esa medida, por las dificultades comprobadas en su aplicación, haya mejorado la situación hasta el momento, transcurridas ya más de 17 horas desde su entrada en vigor y cuando compañías como Iberia anuncian un nuevo retraso hasta el próximo lunes para reiniciar sus vuelos”.

El secretario federal de Economía indica que “la declaración del estado de alarma, medida sin precedentes en la democracia, aplicada como intento de resolver un conflicto social por la vía de una legislación de excepción constituye una decisión muy preocupante, que es inaceptable para Izquierda Unida, especialmente con la anunciada aplicación del Código Penal Militar”.

“Consideramos que la única forma de recuperar rápidamente la normalidad para evitar mayores perjuicios a los cientos de miles de ciudadanos afectados es la vuelta a la negociación y un inmediato acuerdo entre las partes, basado en el sentido de la responsabilidad y del bien colectivo”, concluye García Rubio.